jueves, 26 de junio de 2014

Política, guerra y héroes.

Una herida difícil de sanar.


Las causas de la denominada Guerra del Atlántico Sur en 1982 están enmarcadas por un claro aprovechamiento político de los bandos que se enfrentaron. Para Inglaterra, el conflicto sirvió para apaciguar el descontento social  contra la figura de Margaret Thatcher, mientras que para la cúpula militar instalada en el gobierno argentino desde 1976, la ocupación de las Islas Malvinas serviría para devolverle el poder que fue perdiendo poco a poco.

Dentro del contexto político argentino, el presidente Leopoldo Galtieri planeó la ocupación de las islas cuando recién había asumido en sus cargos, para intentar calmar los ánimos de un pueblo que había empezado a revelarse contra la autoridad militar. Un claro ejemplo, fueron las primeras movilizaciones  en la Ciudad de Buenos Aires de trabajadores y sindicatos que fueron duramente reprimidas.

Pese a los numerosos intentos a lo largo de la historia de reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur, desde los gobiernos británicos siempre se buscó truncar los diálogos diplomáticos a pesar del apoyo de la ONU para con los reclamos argentinos. La excusa justa para que la junta militar mostrara su mejor carta: la unión nacional sobre un objetivo simbólico, la reconquista de las islas.

 Si bien parecía estar dada por hecho la supremacía armamentista del Reino Unido, para el gobierno argentino la ocupación de las Malvinas no era una idea descabellada, dado que Inglaterra presentaba un pésimo presupuesto militar y se había establecido una aceptable relación con EE.UU y las principales potencias europeas.

Luego de comenzada la invasión argentina el 2 de abril al Puerto Stanley, del otro lado del Atlántico, según lo afirma el historiador francés Pierre Razoux en su texto “La guerra de las Malvinas”, desde el Ministerio de Defensa catalogaron de “casi imposible” una expedición militar a 15 mil km de distancia y que un “desastroso fracaso” pondría en jaque el prestigio del imperio y a la figura de Margaret Thatcher.

 Sin hacerle caso a las recomendaciones del Ministerio, la primer ministro aprovechó la ocupación de las islas para poner a Gran Bretaña devuelta en su lugar de potencia mundial, impulsar la industria armamentista y tratar de controlar los reclamos de la oposición y del pueblo. Con el repudio de la ONU ante el ataque de los argentinos, Thatcher “en legítima defensa” comenzó a preparar el contrataque.

 El conflicto armado duraría dos meses y medio hasta el 14 de junio de 1982 cuando el general argentino Menéndez firmó la rendición y, según las estadísticas oficiales, el saldo de muertos fue de 746 argentinos y 265 británicos. A pesar de obtener la victoria, Thatcher fue duramente criticada hasta finalizar su mandato por sus políticas neoliberales y para el gobierno argentino comenzaría un largo período de mentiras para salvar la reputación de la junta militar: el “proceso de desmalvinización”.

Este proceso consistió en desmerecer el accionar de los soldados argentinos, culpándolos por el resultado de la guerra, despojándolos de su heroísmo y obligándolos a un profundo silencio, con el objetivo de restablecer las relaciones con las potencias, incluso Inglaterra. Con el correr de los años, los veteranos de Malvinas lograron obtener ayuda del Estado y pudieron contar los horrores que vivieron.


En palabras de Fernando Cangiano, veterano de guerra y actual profesor de la UBA, el “soldado fue arrojado a una zona de invisibilidad social en tanto sujeto con identidad propia y con un mensaje para transmitir” pero que, en paralelo, este ocultamiento “constituyó un poderoso impulso para la formación de las primeras organizaciones de ex combatientes”. Luego de 32 años de la dolorosa guerra, una pertinente pregunta busca una respuesta, ¿Tienen los héroes de Malvinas el reconocimiento social que se merecen?



Víctimas del vaciamiento.

Un costoso legado que enfrentar.



La más cruel de las dictaduras militares del país, aquella que comenzó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, no sólo fue protagonista del peor genocidio que sufrió el pueblo argentino, sino también fue la causante de una crisis económica que se agudizaría con el correr de los años y produjo una de las mayores deudas externas del Estado.

El denominado “Proceso de Reorganización Nacional” no sólo se caracterizó  por el terrorismo de Estado, la represión, la violencia sistemática y la lucha por acabar con “los subversivos”. El régimen militar que duraría 7 años en el poder, dejaría para los posteriores gobiernos un legado económico muy difícil de superar
.
Para establecer las características de la política económica del proceso, hay que describir como se encontraba el país con el modelo previo al 24 de marzo de 1976 donde, según Mario Rapaport en “Historia Económica, Política y Social de la Argentina” el Estado cumplía un rol central.

A partir de la década de 1930 y luego de la gran crisis de Wall Street, el Estado instauró un modelo intervencionista que fue variando a través de los sucesivos gobiernos, donde era este quien manejaba las “reglas del juego” del mercado. Además se optó por proteger la industria nacional y el sector agropecuario, con medidas y subsidios que alentaban a estos sectores.

Si bien en los gobiernos del General Perón la industria tuvo un gran impulso, con el correr de los años, los adelantos tecnológicos no fueron suficientes y sólo satisfizo el mercado interno, por lo que el sector agropecuario fue el protagonista en las exportaciones y el generador de divisas. Además de intervenir en el plano económico, el Estado a partir de 1945 se caracterizó por su política pro-obrera y con gran apoyo de los sectores sindicales.

Luego de la muerte de Juan Domingo Perón y la asunción de María Estela Martínez como presidente en 1974, el país comenzó una etapa de recesión de su economía, caracterizada por una gran inflación y grandes problemáticas sociales provocadas por los enfrentamientos entre grupos armados de izquierda y de ultraderecha, como Montoneros FAR, Ejército Revolucionario del Pueblo y la Alianza Anticomunista Argentina.

Política económica de la última dictadura militar.

Con el Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas propusieron diversas medidas  de corte liberal que giraron alrededor de tres ejes: el control de la inflación y la reducción del gasto público, reformas en el ámbito laboral y la eliminación de las resistencias sociales por medio de la violencia.

Para paliar la recesión, el flamante ministro de economía Martínez de Hoz propuso combatir los “errores” del antiguo modelo. De esta forma se congelaron los salarios que tuvieron una caída de un %30, se eliminó el sistema de control de precios, se incrementó el tipo de cambio y se abrió el mercado al capital de empresas extranjeras.

Otras medidas que tomó el gobierno militar fueron la disolución de la CGT y la supresión del derecho a huelga. De esta manera, los trabajadores quedaron sin respaldo y en manos del gran empresariado (de capital nacional y extranjero), protagonistas de la política liberal del Proceso.

Con el cambio de gobierno militar en 1981 se acentuó el proceso de recesión económica, se privatizaron numerosas empresas que desarticularon el aparato estatal y, principalmente, como afirma Rapoport, se adquirió una inmensa deuda como consecuencia de la “fuga de capitales” provocadas por la “crisis del petróleo”.

Con todas las medidas tomadas, jamás se pudo controlar la inflación ni tampoco se redujo el gasto público, dado que por más que se recortaran los salarios y se privatizaran empresas, la Junta Militar realizó numerosas obras de infraestructura enmarcados con oscuros negociados con grandes empresas constructoras.


Además del genocidio, la última dictadura militar, dejó un legado económico desfavorecedor, con una deuda externa en el año 1982 de 42.000 millones de dólares (6 veces más grande que en 1976) que le costaría al país alrededor de 30 años para saldarla y, como afirma Rapaport, “esta pesada herencia nos depararía ingratas sorpresas”.





martes, 3 de junio de 2014

Imperios de comunicación.

Su conformación y la posibilidad de ponerles un freno.



Las políticas neoliberales ejercidas por el gobierno de Carlos Menem durante sus dos presidencias que abarcaron casi la totalidad de la década de 1990, produjeron la conformación de grandes empresas multimediáticas que atentan contra la pluralidad informativa y la formación de la opinión pública, las cuales la llamada Nueva Ley de Medios busca desconcentrar.

Enmarcado en un contexto social y económico grave, Menem asumió la presidencia de la Nación en el año 1989 y propuso mediante decretos presidenciales, dos medidas que marcarían el rumbo del país, la Ley de Emergencia Económica y la modificación de la Ley de Radiodifusión sancionada en 1980 por el gobierno de facto.

Las medidas anunciadas por el menemismo trajeron como consecuencia la desarticulación del aparato estatal mediante privatizaciones, que en su mayoría pasaron a manos de capitales extranjeros  y la conformación de grandes grupos empresariales en el área de telecomunicaciones y medios de comunicación.

Según afirma Jorge Castro en su texto “Panorama sobre la concentración de medios de comunicación en la Argentina”, existen “dos casos testigos” que explican el surgimiento de estos conglomerados empresariales que fueron desarrollándose a lo largo de la década del ´90: el Grupo Clarín entre 1989 y 1994 y CEI-Telefónica en el período 1995-1999.  

El por qué de este fenómeno de concentración mediática, se puede encontrar en los cambios que produjeron las medidas antes mencionadas en la regulación de las empresas de comunicación. Un ejemplo de ello, fue el decreto que les otorgó a las empresas y/o personas la capacidad de obtener 24 licencias, cuando antes eran 4.  

Una década después y sin el Dr. Carlos Menem a cargo de la presidencia, se terminaron de conformar en el país imperios de comunicación pero enmarcados en un contexto mundial que los avalaba. El proceso de convergencia de distintas áreas de la comunicación y los avances tecnológicos, permitieron a los grupos empresariales acaparar nuevas fronteras antes impensadas.

Castro afirma que “el grupo Clarín es considerado como el grupo de comunicaciones más importante del Cono Sur de América Latina” y está conformado por una gran cantidad de empresas de distintas áreas, tanto en periodismo gráfico con el diario Clarín y Olé, la agencia DyN, canales de televisión (canal 13, TN, Volver y Magazzine), eventos deportivos con T y C y televisión por cable, entre otras.

Frente a la concentración mediática y 20 años después de los decretos impuestos por el menemismo, en octubre de 2009 se promulgó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que intentó e intenta poner un freno al monopolio en los medios de comunicación.

La Nueva Ley de Medios, posibilita obtener licencias mediante concurso público al Estado, a empresas y/o personas con fines de lucro, y también a universidades, pueblos originarios y la Iglesia Católica pero estos últimos de manera directa. A su vez, regula la cantidad de las mismas para evitar la concentración mediática a nivel nacional y local.


La ley 26.522 que reemplazó a la vieja Ley de Radiodifusión sancionada en la peor de las dictaduras militares, si bien con 29 años de retraso y muchos aspectos por mejorar, además de hacer valer su aplicación, intenta, como lo aclara el artículo 45 que “con el fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, se establecen limitaciones a la concentración de licencias”. 

Fuentes: