jueves, 26 de junio de 2014

Víctimas del vaciamiento.

Un costoso legado que enfrentar.



La más cruel de las dictaduras militares del país, aquella que comenzó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, no sólo fue protagonista del peor genocidio que sufrió el pueblo argentino, sino también fue la causante de una crisis económica que se agudizaría con el correr de los años y produjo una de las mayores deudas externas del Estado.

El denominado “Proceso de Reorganización Nacional” no sólo se caracterizó  por el terrorismo de Estado, la represión, la violencia sistemática y la lucha por acabar con “los subversivos”. El régimen militar que duraría 7 años en el poder, dejaría para los posteriores gobiernos un legado económico muy difícil de superar
.
Para establecer las características de la política económica del proceso, hay que describir como se encontraba el país con el modelo previo al 24 de marzo de 1976 donde, según Mario Rapaport en “Historia Económica, Política y Social de la Argentina” el Estado cumplía un rol central.

A partir de la década de 1930 y luego de la gran crisis de Wall Street, el Estado instauró un modelo intervencionista que fue variando a través de los sucesivos gobiernos, donde era este quien manejaba las “reglas del juego” del mercado. Además se optó por proteger la industria nacional y el sector agropecuario, con medidas y subsidios que alentaban a estos sectores.

Si bien en los gobiernos del General Perón la industria tuvo un gran impulso, con el correr de los años, los adelantos tecnológicos no fueron suficientes y sólo satisfizo el mercado interno, por lo que el sector agropecuario fue el protagonista en las exportaciones y el generador de divisas. Además de intervenir en el plano económico, el Estado a partir de 1945 se caracterizó por su política pro-obrera y con gran apoyo de los sectores sindicales.

Luego de la muerte de Juan Domingo Perón y la asunción de María Estela Martínez como presidente en 1974, el país comenzó una etapa de recesión de su economía, caracterizada por una gran inflación y grandes problemáticas sociales provocadas por los enfrentamientos entre grupos armados de izquierda y de ultraderecha, como Montoneros FAR, Ejército Revolucionario del Pueblo y la Alianza Anticomunista Argentina.

Política económica de la última dictadura militar.

Con el Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas propusieron diversas medidas  de corte liberal que giraron alrededor de tres ejes: el control de la inflación y la reducción del gasto público, reformas en el ámbito laboral y la eliminación de las resistencias sociales por medio de la violencia.

Para paliar la recesión, el flamante ministro de economía Martínez de Hoz propuso combatir los “errores” del antiguo modelo. De esta forma se congelaron los salarios que tuvieron una caída de un %30, se eliminó el sistema de control de precios, se incrementó el tipo de cambio y se abrió el mercado al capital de empresas extranjeras.

Otras medidas que tomó el gobierno militar fueron la disolución de la CGT y la supresión del derecho a huelga. De esta manera, los trabajadores quedaron sin respaldo y en manos del gran empresariado (de capital nacional y extranjero), protagonistas de la política liberal del Proceso.

Con el cambio de gobierno militar en 1981 se acentuó el proceso de recesión económica, se privatizaron numerosas empresas que desarticularon el aparato estatal y, principalmente, como afirma Rapoport, se adquirió una inmensa deuda como consecuencia de la “fuga de capitales” provocadas por la “crisis del petróleo”.

Con todas las medidas tomadas, jamás se pudo controlar la inflación ni tampoco se redujo el gasto público, dado que por más que se recortaran los salarios y se privatizaran empresas, la Junta Militar realizó numerosas obras de infraestructura enmarcados con oscuros negociados con grandes empresas constructoras.


Además del genocidio, la última dictadura militar, dejó un legado económico desfavorecedor, con una deuda externa en el año 1982 de 42.000 millones de dólares (6 veces más grande que en 1976) que le costaría al país alrededor de 30 años para saldarla y, como afirma Rapaport, “esta pesada herencia nos depararía ingratas sorpresas”.





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